El primer asalto

Todo un record. En menos de cuatro meses, el Equipo de Gobierno se ha encontrado con su primer conflicto laboral con trabajadores del ayuntamiento. Desde el pasado lunes, miembros del Sindicato Independiente de la Policía Local permanecen en "comisión de trabajo permanente", que es la manera eufemística de denominar a un encierro, "en su despacho de la Jefatura, en protesta por la apertura de 37 expedientes disciplinarios a 34 agentes", según ha informado el propio sindicato, cuya representación es mayoritaria en un cuerpo que sufre una importante división interna desde hace años.

Pasado un tiempo prudencial y, a la vista de los acontecimientos, a mí me da que lo que está pasando es que, como diría el castizo, se han juntado el hambre con las ganas de comer. A un lado del ring tenemos al Sr. Mora, político de escaso bagaje (sigamos con los eufemismos) que, de la noche a la mañana, se encontró al frente de dos delegaciones ―Personal y Seguridad Ciudadana― que requieren una buena dosis de templanza, destreza y experiencia; cualidades con las que, a la vista de los resultados, D. Víctor parece no contar suficientemente. Al otro lado del cuadrilátero se presenta uno de los colectivos más conflictivos que ha tenido Sanlúcar en los últimos años: la Policía Local. En ocasiones utilizada como florero por los gobernantes (recuerdo cuando Agustín Cuevas los montó a caballo y los puso a patrullar las calles al más puro estilo John Wayne), siempre mal dotada de medios (algunos agentes llegaron a trabajar en la calle sin su arma reglamentaria) y percibida dicotómicamente por los ciudadanos como héroes o villanos, según sean objeto de su protección o de sus multas.

Por el momento, ambos púgiles están en fase de tanteo, intentado averiguar los puntos débiles del contrincante. Mientras el Sr. Mora trata de sacar provecho de la palpable división existente en el colectivo de trabajadores y, simultáneamente, lanzar un mensaje de autoridad al resto de funcionarios municipales, los agentes mantienen el pulso basándose, no en el derecho a huelga, del que carecen como el resto de fuerzas de seguridad, sino en, por ejemplo, dejar de hacer "servicios voluntarios", paradójica medida que pone a las claras la endeblez de un sistema de trabajo que depende de las ganas que tengan los policías de hacer horas extra.

Si el desencuentro no tiene una pronta solución, estaremos ante un mal presagio de lo que nos espera en toda la legislatura. Más que nada porque, conocidas las reivindicaciones de ambas partes, no parecería difícil llegar a un acuerdo razonable. La Policía, además de un aumento de la plantilla y de medios materiales, reclama en su sueldo lo que ya tiene administrativamente reconocido, esto es, el nivel C dentro de la escala de funcionarios. El ayuntamiento, por su parte, quiere reestructurar los servicios para tener más presencia policial en la calle. No parece lógico que agentes municipales se dediquen a formar grupos operativos contra la droga o de paisano ―funciones que ya desempeña la Policía Nacional o la Guardia Civil― cuando la maltrecha circulación vial o el cumplimiento de las ordenanzas municipales son de su exclusiva competencia.

Pero ya se sabe que ser optimista en Sanlúcar es una profesión de riesgo. Veremos.